Chile y el crimen organizado
El Comercio
Por Pía Greene 
Chile en materia del combate al crimen organizado trasnacional presenta un gran déficit. Si bien el más común y conocido en América Latina es el narcotráfico y la violencia que éste trae asociada, hay otros emergentes que se han instalado en el país, como el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el contrabando y el lavado de activos, entre otros.
Diversos estudios han dimensionado la gravedad de estos delitos y su transnacionalidad: en 2012, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estimó que este negocio generaba US$ 2,1 billones por año, correspondiente al 3,6% del PIB mundial. En 2017, Global Initiative publicó un nuevo estimado de US$ 3,6-4,8 billones, correspondiente al 7% del PIB global, y Global Financial Integrity avaluó los flujos financieros ilegales entre 14% y 24% del total del comercio de los países en desarrollo. Más recientemente, en 2019, la UNODC publicó que desde el año 2000 el crimen organizado es responsable de cerca 65.000 los asesinatos al año, número tan alto como el de todos los conflictos armados que se produjeron en el mundo desde entonces.
Chile, por sus particulares características geográficas, es un país especialmente vulnerable a este tipo de delitos: además de su extensa frontera terrestre y marítima y múltiples rutas internas con poco control, tiene cercanía de países productores de drogas y una posición estratégica para el transporte del mercado ilegal a otros continentes. Todo esto ha llevado a que grupos asociados al crimen organizado se instalen en el país, convirtiéndolo en uno no solo de tránsito de este tipo de delitos, sino de destino y, consecuentemente, de consumo.
Actualmente, más de 170 países han suscrito la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, cuyo propósito es “promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional”. Esta convención junto a sus protocolos anexos contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, fueron ratificados por Chile el año 2004.
En este contexto, son cuatro materias las que debe abordar el Estado chileno con urgencia: primero, agilizar la agenda legislativa, muy especialmente los proyectos de ley para modernizar la figura del delito de asociación ilícita, el de inteligencia y el de control de armas.
En segundo lugar, se deben favorecer estrategias interinstitucionales de fusión de información, es decir, el trabajo conjunto de todos los que tienen facultades y responsabilidades en la materia. Un buen ejemplo de ello es la Unidad de Coordinación Estratégica de la Macrozona Norte instalada en Iquique.
En tercer lugar, es fundamental acordar de forma transversal una política nacional contra el crimen organizado, que cuente con un modelo integral e interinstitucional para abordar un tema de gran relevancia para la población cada vez más presente en nuestro país. Esta política nacional debiera priorizar su acción en el combate el lavado de activos financieros de estas organizaciones delictuales.
Por último, debiéramos impulsar medidas efectivas en materia de cooperación internacional, donde es fundamental contar con relaciones estrechas no solo con nuestros países vecinos y entre instituciones pares, sino que también con países que reciben el impacto de estas organizaciones criminales, de manera que los esfuerzos sean más eficientes y abordados de una manera integral y global.
