El Tribunal Electoral de Bolivia aplaza las elecciones presidenciales hasta el 18 de octubre
Infobae
La votación, justificada por la pandemia, abre un nuevo frente entre el Ejecutivo interino y la Asamblea, dominada por el partido de Evo Morales y encargada de ratificar la medida
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia decidió este jueves postergar la fecha de las elecciones presidenciales hasta el 18 de octubre. La votación, fijada para el 6 de septiembre, queda aplazada por la pandemia de coronavirus en medio de una profunda brecha política entre el Gobierno interino de Jeanine Áñez y el partido del expresidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS). La decisión abre, además, un nuevo conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento. La Asamblea Legislativa es tradicionalmente el órgano encargado de tramitar las convocatorias electorales, pero no es seguro que ahora quiera hacerlo. La mayoría de los parlamentarios son fieles al exmandatario, derrocado tras unos comicios que se celebraron justo en octubre de 2019 . El MAS era la única fuerza política que insistía en mantener la fecha acordada hace varias semanas. Sin embargo, el TSE mantuvo que su resolución no requiere de una ratificación vinculante del poder legislativo. Además, el gabinete interino asegura que debe respetarse la voluntad del tribunal, que atribuyó el fallo a “las variables científicas de la evolución de la pandemia” y a los plazos legales.
El oficialismo, por su parte, insiste en la inconveniencia de llamar a la población a votar cuando el país se encuentra inmerso en la peor crisis sanitaria de su historia, los contagios se incrementan vertiginosamente y los hospitales y sistemas funerarios han colapsado. Fuentes policiales informaron hace poco que, en los últimos cinco días, se han recogido 420 cuerpos en calles, domicilios y automóviles; de ellos, entre 80% y 90% eran sospechosos de tener la covid-19. También son abundantes las noticias sobre la saturación de los hospitales y el desorden que reina en ellos por la gran cantidad de médicos y trabajadores sanitarios contagiados.
La desesperación de los ciudadanos los lleva a automedicarse e incluso a usar dióxido de cloro, un desinfectante cuyo consumo como paliativo para la covid-19 está prohibido en todo el mundo. En los sectores populares de la población se cree que esta sustancia puede salvar vidas, así que se ha generado un activo mercado negro de la misma. Esta creencia ha impactado sobre la bancada parlamentaria del MAS, que está preparando una ley para aprobar el empleo del dióxido de cloro en la lucha contra la pandemia, como parte del pulso que el partido opositor libra con el Gobierno en torno a las medidas de contención de la crisis.
