Constitución y economía
Diario Concepción
Por 
Paola Assael
Ojalá que lo que dijera la Constitución se cumpliera como si de una varita mágica se tratara; podríamos redactar que todos tengamos vivienda, salud, educación, trabajo, ingresos pensiones e incluso la felicidad asegurados. Pero los recursos para financiar todo esto no llegan por decreto, hay que generarlos.
Lo que sí puede hacer la Constitución es establecer lineamientos que permitan a todos estar lo mejor posible. Y ello no significa necesariamente maximizar la riqueza del país, ya que la distribución de la riqueza es también fundamental. Pero sí significa cumplir con los siguientes criterios:
1) Alcanzar un óptimo de Pareto, es decir, que no sea posible mejorar a alguien sin empeorar a otra persona.
2) Que todos alcancemos niveles mínimos de bienes y servicios que permitan una vida digna.
3) Que existan distribuciones desde los que tienen más a quienes tienen menos. Cuánto y cómo realizar las distribuciones, es un tema a discutir.
También queremos tener nuestras cosas, y que nadie nos las quite. Tanto bienes de consumo como inversiones. Esto es el derecho a la propiedad, que es además fundamental para que nos esforcemos en tener y hacer crecer lo que tenemos, y que también está consagrado en la Constitución.
Sin embargo, hay ciertos bienes que por su calidad de esenciales para la vida y la producción requieren de cambios. Es el caso, por ejemplo, de los derechos de agua. El agua es un recurso cada vez más escaso, y es un sub óptimo que no se use porque su propietario de momento no la requiere. Es un recurso esencial para la vida y la producción, con un alto contenido simbólico, por lo que debe administrarse con criterios de bien público. Un camino a explorar son las concesiones sujetas al uso efectivo del agua por un periodo de tiempo.
Los derechos sociales, educación, salud, vivienda, pensiones y medio ambiente, son derechos que están garantizados en la actual Constitución. Sin embargo, existe discusión acerca de cómo operan en la práctica estas garantías. En la provisión de estos derechos es importante mantener el principio de libertad de elección y la competencia entre proveedores públicos y privados, que resguarda la calidad y la eficiencia. En ambos sistemas debe ser una prioridad la calidad y la transparencia, con indicadores medibles y públicos.
Por otra parte, es necesario evitar la judicialización de los derechos sociales. La judicialización convierte a los tribunales de justicia en colegisladores, lo que trae inequidades, ineficiencias y gastos fiscales potencialmente ilimitados. La forma de garantizar estos derechos debe zanjarlo el sistema político a través de políticas públicas.
Por último, la Constitución debe ser garante de una macroeconomía estable y confiable. Para esto es necesario mantener la independencia del Banco Central como está actualmente en la Constitución. Adicionalmente, frente a las crecientes amenazas populistas, debiera incorporar un límite al déficit fiscal.
