La violencia policial es la desaparición de la Argentina democrática

Los excesos policiales durante la pandemia revelan problemas estructurales en las fuerzas de seguridad argentinas. Los argentinos comprometidos con los derechos humanos debemos hacernos una pregunta urgente: ¿Cómo hacemos para que no ocurra un caso como el de Facundo Astudillo Castro?

Juan Mabromata/Agence France-Presse — Getty Images

BUENOS AIRES — El esqueleto de un cadáver que apareció en agosto en un cangrejal cerca del mar en la provincia de Buenos Aires respondió a la pregunta que muchos argentinos se hacían hace meses: ¿dónde está Facundo Astudillo Castro?

El joven de 22 años salió de su hogar el 30 de abril, en plena cuarentena por el coronavirus —cuando la circulación se restringía de manera severa—, con la intención de reencontrarse con su exnovia en Bahía Blanca. Nunca llegó, y en la última imagen con vida, Astudillo Castro está parado frente a un patrullero de la policía de la provincia de Buenos Aires. La policía de la provincia fue apartada de la investigación por sospechas de involucramiento en la desaparición del joven. Los familiares de Astudillo Castro han denunciado reiterados hechos de intimidación policial.

Pero el apego argentino a los derechos humanos puede ser muy específico. Cuando aparecen los cadáveres, muy a menudo decae el clamor. Nuestra obsesión es el desaparecido, las victimas de otras violaciones de derechos humanos despiertan menos furia. Pero deberíamos seguir indignados: especialmente en un momento en el que el uso excesivo de la fuerza de policías y fuerzas de seguridad ha provocado exigencias de reforma en países del continente, incluyendo Estados Unidos, Colombia y México. En Argentina también debemos exigir esos cambios, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde el año pasado al menos 134 personas fueron víctimas de la violencia policial.

La policía forma una parte de un sistema de políticas de seguridad y crimen en la provincia que se basa en altas tasas de encarcelación de la población más pobre en condiciones deplorables que vulneran sus derechos humanos. La tortura es práctica común en los centros penitenciarios, según la Comisión Provincial por la Memoria.

El problema de la provincia es parte de una violencia policial que se repite en diferentes localidades de Argentina. Amnistía Internacional catalogó por lo menos 30 episodios en casi una decena provincias de violencia institucional desde el comienzo de la cuarentena por el coronavirus. En mayo la policía provincial de Tucumán mató a disparos a un hombre en un operativo y tiró el cadáver en el monte. En otro, policías en la provincia de Chaco entraron al hogar de una familia indígena qom, golpearon y torturaron a sus integrantes.

El trabajo policial en Buenos Aires es mal pagado y de poco prestigio. La policía bonaerense acusada de matar a Facundo Castro tuvo un sangriento historial en la última dictadura y graves casos de corrupción en los años posteriores. Sucesivos gobiernos democráticos pusieron énfasis en reformar las Fuerzas Armadas en respuesta al legado largo de dictaduras. Pero los intentos de cambiar las fuerzas de seguridad públicas bonaerenses fueron implementados de forma parcial y cambiante y con poco éxito a nivel sistémico. En años recientes se favorecieron políticas de mano dura que para algunos expertos empeoraron aún más la crisis de violencia estatal. El resultado es una enorme fuerza —90.000 efectivos— que trabaja de forma poco eficaz y que aumenta la misma inseguridad que debe combatir.

Este mes, días después de que apareciera el cadáver de Facundo Astudillo Castro, la policía bonaerense llevó a cabo una preocupante protesta —en la cual participaron efectivos uniformados, con armas reglamentarias y con patrulleros— afuera de la residencial presidencial en reclamó de mejoras salariales. La protesta logró rápidamente un aumento de sueldo para los policías, pero las cuestiones estructurales de fondo recibieron menos atención y son urgentes.

El sistema de seguridad se ha convertido en un violador serial de derechos humanos en la Argentina democrática, y la complejidad del problema desafía soluciones sencillas.

Expertos en seguridad y policía sugieren crear organismos de control capaces de llevar adelante protocolos de actuación policial con criterios claros. Otros señalan la necesidad de valorar el trabajo policial, para reducir sus prácticas criminales. Cualquier medida efectiva requerirá de compromiso político, en un momento donde el gobierno lucha por sobrevivir en un doble frente de combate: el coronavirus y recesión económica.

Pero esto no debería detener a los argentinos comprometidos con los derechos humanos de hacer una nueva pregunta: ¿Cómo hacemos para que no ocurran nuevos casos como el de Astudillo Castro?

  Jordana Timerman es editora del Latin America Daily Briefing.