EE.UU. acusa a «hackers» chinos de robar datos de la vacuna del Covid-19 a varias compañías, incluida una española
En una rueda de prensa, el responsable de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, John Demers, especificó la lista de países afectados.
Una al día – Hispasec
EE.UU. acusó este martes a dos «hackers» chinos de robar, entre otras cosas, información de compañías privadas de todo el mundo dedicadas a la investigación de vacunas, tratamientos y test para combatir la pandemia de Covid-19. Según el escrito presentado por el Departamento de Justicia, los dos ciudadanos chinos fueron asistidos por un miembro del Ministerio de Seguridad Estatal de China, una agencia de espionaje dedicada a la contrainteligencia, la inteligencia en otros países y la seguridad política dentro del territorio chino.
Los «hackers», según la acusación, actuaron en beneficio propio y del Gobierno de China, con una campaña de robo de información valorada en cientos de millones de dólares, que se ha alargado durante una década y que incluye compañías en EE.UU., Alemania, Australia, Bélgica, Corea del Sur, Holanda Japón, Lituania, Reino Unido, Suecia, y España. El escrito no menciona los nombres de las compañías afectadas, pero las localiza, dentro de EE.UU., en los estados de California, Massachusetts, Maryland, Texas, Virginia y Washington. También especifica que han sido atacados una contratista militar en España, una empresa de inteligencia artificial de Reino Unido y una compañía de energía solar de Australia.
Los acusados también atacaron bases de datos gubernamentales, de religiosos, de disidentes en China y Hong Kong y de organizaciones de derechos humanos. En algunos casos, entregaron al Gobierno chino los nombres, cuentas de correo electrónico y contraseñas de las personas afectadas. Entre otras estaban un activista pro-democracia de Hong Kong y un ex organizador de las protestas de la plaza de Tiananmen.
Los nombres de los acusados son Li Xiaoyu, de 34 años, y Dong Jiazhi, de 33 años. Su paradero es desconocido pero las autoridades estadounidenses creen que se encuentran en China. Se enfrentarán a once cargos por, entre otras actuaciones, «investigar las debilidades en las redes de empresas de biotecnología y otros sectores conocidas por trabajar en vacunas, tratamientos y tecnología de test para el Covid-19». En enero y febrero, cuando la pandemia azotaba con fuerza a China, Li trató de penetrar en las redes informáticas de firmas biotecnológicas de EE.UU. que estudiaban el virus, así como en las de una empresa que producía de kits para los test de Covid-19. El Departamento de Justicia de EE.UU. no tiene indicios de que los ‘hackers’ tuvieron éxito a la hora de sustraer esa información relacionada con la lucha contra la pandemia.
«China tiene ahora un sitio, junto a Rusia, Irán o Corea del Norte, en el vergonzoso club de los países que dan refugio a criminales cibernéticos a cambio de que esos criminales estén “de guardia” para trabajar para el beneficio de su Gobierno», aseguró el fiscal adjunto John Demers, el más alto cargo del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre seguridad nacional. «En este caso, alimentan el hambre insaciable del Partido Comunista chino por la propiedad intelectual conseguida con el esfuerzo de compañías estadounidenses y otras que no son chinas, incluidas las que investigan el Covid-19».
Ya en el mes de mayo las autoridades de EE.UU. advirtieron de los intentos de «hackers» chinos de robar información de investigadores de universidades, farmacéuticas y empresas de salud sobre el tratamiento de coronavirus, aunque no señalaron a ningún acusado en particular.
Sustraer información
La semana pasada, EE.UU., Canadá y Reino Unido acusaron a grupos relacionados con la inteligencia de Rusia de tratar de acceder a datos sobre la investigación de la vacuna contra el coronavirus. Las autoridades de EE.UU. también aseguraron que Irán había realizado movimientos para sustraer a información sobre esas investigaciones.
La interposición de cargos contra los «hackers» es el último episodio de la escalada de tensiones entre Washington y Pekín. La guerra comercial, la disputa por el despliegue de redes 5G y las acusaciones de robo de propiedad intelectual contra China se han visto azuzadas en las últimas semanas por otras cuestiones de geopolítica. La aprobación de una ley de seguridad autoritaria por parte de Pekín en Hong Kong, un territorio autónomo bajo su soberanía, han supuesto el intercambio de sanciones a altos cargos de ambos países y una andanada legislativa en EE.UU. que ha acabado con la eliminación del trato preferencial de Washington al principal centro financiero de Asia. La Administración Trump se ha llegado a plantear el veto de entrada a todos los miembros del Partido Comunista de China en EE.UU.
La acusación ha coincidido con la visita del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, a Londres, donde tenía prevista una reunión con el primer ministro británico, Boris Johnson, para tratar las relaciones de ambos socios estratégicos con China.
El secretario de Defensa, Mark Esper, informó el martes de que las fuerzas militares de EE.UU. estaban reforzando su presencia en Asia ante una posible confrontación, pocos días después de que la Administración Trump declarara como «ilegales» las reclamaciones de soberanía de China sobre buena parte de las aguas del Mar del Sur.
EE.UU. también anunció el martes sanciones para otras once compañías chinas, por las que no podrán comprar tecnología o productos estadounidenses sin un permiso especial. Entre las sancionadas hay proveedores de empresas estadounidenses como Apple, Ralph Lauren o Google, y se les acusa de ser cómplices en las violaciones contra los derechos humanos del Gobierno de China hacia minorías musulmanas de la región de Xinjiang. Grupos de activistas e informaciones periodísticas han denunciado una campaña de detenciones masivas en la región, donde cientos de miles de personas pertenecientes a estas minorías han sido desplazadas a campos de internamiento.
