Plebiscito: un simple calmante cívico

Emol

Por Alvaro Ortúzar  Álvaro Ortúzar


Es un hecho que la ciudadanía desea llevar a cabo el plebiscito para decidir si “aprueba” o “rechaza” la opción de mantener la Constitución actual o redactar una nueva. Sin embargo, no es difícil advertir que la pregunta está vacía de contenido, y que la convocatoria se nutre de un especial estado emocional de las personas, que se inclina hacia la dictación de una nueva Carta Fundamental para resolver sus problemas actuales.

Quizás una de las razones que explica lo anterior se encuentra en que las instituciones, el propio gobierno y la oposición, no han dado respuesta pronta y satisfactoria a las demandas sociales. Existe desilusión y profunda molestia. Las autoridades no han sabido discernir adecuadamente lo que es una pretensión de cambio, protestas, explosiones de desencanto, con lo que le conviene al país en el largo plazo. Entonces, dentro de este buen caldo de cultivo, se produce lo que, desde antiguo, se conoce como “la justicia desde abajo” o “la Justicia del Cadí”; ese tipo de gobierno comandado por las masas, que casi siempre trae satisfacciones efímeras y a la larga dañinas.

No es comprensible la razón por la que tanto el gobierno como la oposición han mantenido un silencio absoluto respecto a la discusión de fondo, en cuanto a las reglas fundamentales que deben regirnos por las próximas décadas. Puede presumirse que el plebiscito no es sino una forma de salir del paso, un mero calmante, manteniendo a la ciudadanía en la ignorancia de los temas a discutir. También puede asumirse que la oposición tiene un plan, que en otras columnas hemos llamado de “captura del poder”, destinado a alcanzar, más que una Constitución legítima en su origen -ya lo hizo el expresidente Lagos en 2005- un desmantelamiento de sus bases y un cambio radical al sistema actual. Indicios de aquello ya están presentes, como la afectación del derecho de propiedad en materia de aguas y de pesca, la participación del Estado en la economía sin atenerse a las reglas de las sociedades de particulares (basta ver TVN, subsidiada con dineros que pertenecen a todos, bajo la consigna de que el Estado nunca quiebra); la pretendida nacionalización de los fondos de pensiones -que, aparte de constituir una ignorancia jurídica, de llevarse a efecto implicaría una expoliación de los ahorros de las personas para su jubilación. A ello se suma el anhelo del Parlamento de modificar el sistema de iniciativa de las leyes para impulsar un cogobierno, y el fortalecimiento de las acusaciones constitucionales para desestabilizar a las autoridades, sobre todo del Poder Judicial, a quien se intenta forzar a dictar sentencias que satisfagan al Parlamento, so pena de rechazar sus nombramientos como ministros de la Corte Suprema.

Estos temas -y muchos otros- no se han planteado para información de la ciudadanía. Las cadenas publicitarias que precederán al plebiscito, como ya ha ocurrido, serán actos de demagogia para exacerbar los miedos y las odiosidades, más que para construir el país que queremos.

 

 

 

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