Mendoza Post
Por Alvaro Pezoa 
La madrugada del 15 de noviembre de 2019, la mayor parte de la clase política parece haber decidido atender sus propios intereses y no los de la población. Resultaba más fácil sostener que la Constitución era la culpable de todo, que responder por treinta años en que había estado gobernando, demasiadas veces, para ella misma. La crisis social que experimenta la nación es primeramente moral, no constitucional. Ésta no requiere una nueva Carta Magna, más bien necesita substituir a muchos de sus políticos. Todavía más, la Constitución Política de la República vigente, con sus múltiples enmiendas, permitió generar las condiciones jurídicas para convertir a Chile en el país más exitoso de Latinoamérica, librar a millones de habitantes de la pobreza extrema y erigir bases sociales, económicas y políticas sólidas que fueron prenda de una sociedad seria, estable y garante de los derechos de sus ciudadanos.
Frente a esta realidad, corresponde el deber ético de desechar abiertamente que la respuesta política a las urgencias sociales sea la creación de una asamblea constituyente y la derogación de la actual Constitución. El problema que aqueja a la sociedad chilena no es su instrumento constitucional, sino la dirección y el funcionamiento de sus instituciones, que la ha llevado a aumentar la burocracia, caer en la captura política y contar con una gestión ineficiente del Estado. El plebiscito fijado para octubre próximo es ilegítimo, irresponsable e inmoral. Es ilegítimo desde su origen, porque surge de la violencia terrorista-delictual iniciada en octubre de 2019, que alcanzó un punto álgido el aciago martes 12 de noviembre del mismo año. Y, además, puesto que, atendiendo a las circunstancias sanitarias actuales, existe una considerable probabilidad de que este acto eleccionario pueda dar punto de partida a un proceso constituyente con el sufragio, poco representativo, de un bajo porcentaje de votantes. De ser así, su validez estará en duda para siempre. Es irresponsable, porque un acto masivo como este, en la presente situación del Covid-19, puede ser catalizador de nuevos contagios y de un rebrote que podría poner en riesgo la salud y la vida de miles de habitantes, comportando, de paso, una caída aún mayor de la actividad económico-laboral. Es inmoral, porque el país vive la crisis económica y social más aguda de las últimas décadas. En este contexto, el plebiscito requerirá un gasto significativo, pudiendo dar curso a una asamblea que generará otras enormes erogaciones. Pero, aún más grave, con seguridad esta última -a partir de una “hoja en blanco”- se verá inmersa en una larga y acalorada discusión constitucional, que traerá como consecuencia incertidumbre alta y prolongada y, consiguientemente, será la lápida para la urgente reactivación económica que Chile requiere.
La Patria no necesita este proceso, precisa de mejores políticos y ponerse en marcha. ¡Rechazo!
